Por qué incluso Gustavo Cordera merece libertad de expresión

Escrito por Aaron Marco Arias

En 2011, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas declaró al Derecho a la Libertad de Expresión e Información como un meta-derecho [1], esto es, un derecho de cuyo cumplimiento depende el cumplimiento de todos los demás, un derecho base, si se quiere.

 
Esta preocupación particular por la libertad de expresión se debe a que una sociedad en la que el derecho de uno a denunciar violaciones de los derechos humanos no está garantizado, es una sociedad en la que ningún derecho lo está realmente. Ya que, incluso en un sistema que aspirase a garantizar el cumplimiento de ciertos derechos, de estar restringida la expresión, no podrían reportarse eventuales fallas en él.

 
Aquí, en occidente, a pesar de que la mayoría de nuestros Estados fueron estructurados para operar democráticamente, y a pesar de que una democracia sin libertad de expresión es imposible, debemos constantemente reafirmarnos su valor, y los peligros de la censura.

El censor es avaro, de ser encomendado un milímetro, pronto, presentándose como actor necesario en causas nobles, intentará convencernos de darle un kilómetro.

Hoy en día, en nuestra legislación, el área de concernimiento del censor está demarcada en arena.

El día 9 de agosto del año pasado, el músico Gustavo Cordera fue entrevistado por estudiantes del Taller Escuela Agencia, con los que compartió algunas de sus opiniones sobre las mujeres y la edad de consentimiento legalmente estipulada. Cordera dijo:

 

“… “Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente. Quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente a los que sí. Somos muy complejos los seres humanos (…) Es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la concha caliente quiera coger con vos, vos no te las puedas coger. Si yo tengo algo bueno para darte puedo desvirgarte como nadie en el mundo. A mí hablame de cómo te sentís y te entiendo, pero si me hablás de los derechos no te escucho porque no creo en las leyes de los hombres, sí en las de la naturaleza…” [2]

Opiniones tan repulsivas fueron unánimemente condenadas en los medios de comunicación, y, probablemente, la gente que frecuento no sea una muestra representativa de la población general — pero, hasta el día de hoy, no he escuchado a nadie ser sino condenatorio al respecto.

Además, tras compartir estos pensamientos espantosos, Cordera tuvo su agenda profesional severamente acotada, y, desde entonces, grupos de activistas intentan sabotear cada una de sus fechas.

El juicio público fue debido, y debido fue también que sus aliados comerciales cortaran lazos con él. Mediante el repudio y el perjuicio profesional de quienes tienen opiniones opuestas a los valores de la comunidad, la comunidad regula su moral. Tener las opiniones que Cordera tiene es socialmente inadmisible, porque todos hemos consensuado que mantener relaciones sexuales con adultos es pernicioso para un menor, y que la violación es un crimen atroz e injustificable.

El movimiento Ni Una Menos (al que no me pliego, al considerarlo deficiente en aspectos sobre los que no puntualizaré ahora), ha sido tremendamente convocante, y, a pesar de sus vaguedades, carencia de agenda, y acefalía, ha logrado fortalecer algunos códigos de conducta. Gente como Cordera ya no puede ventilar opiniones de este estilo, en público.

No creo, de todas maneras, que las opiniones de Cordera deban ser ilegales, porque ninguna opinión debería ser ilegal.

Días luego de que Cordera intentara arruinar su carrera, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia, y el Racismo (El INADI) inició una causa administrativa por incumplimiento de la Ley Antidiscriminatoria (Ley N° 23592 — más sobre esto, luego), y se presentó como querellante en la denuncia que el Instituto Nacional de Mujeres hizo contra Cordera, por incitación a la violencia colectiva y apología del delito.

Esta última figura se plantea en el artículo 213, del Capítulo II, del apartado VIII (“Delitos contra el orden público”) del segundo libro de nuestro Código Penal. El artículo lee:

 

“Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito.” [3]

Considerando algunas de nuestras leyes, diría que su rara aplicación es más bien un motivo de alegría.

No habría impedimentos técnicos para el enjuiciamiento de los adolescentes sobre la edad de imputabilidad, que mantienen blogs en los que se romantiza a homicidas. Citando el Artículo 213 podría hacerse delincuentes, también, de quienes han marchado por la liberación de Milagro Sala, y de quienes defienden a funcionarios del gobierno anterior, por haber “robado pero hecho”. Bajo el Artículo 213, también, podrían penarse ciertas estrategias adoptadas por la defensa legal de una mujer condenada por practicarse un aborto. [4] Ese es el asunto sobre las leyes que limitan la libertad de expresión: Vulneran las libertades de todos, y se ramifican de maneras inconvenientes para el bienestar general, viendo dónde hay expresión excéntrica, o evidencial de un problema que la excede, crímenes sin víctimas, cercenando el activismo, y privándonos de herramientas y conversaciones necesarias para la reforma de los aspectos de nuestra sociedad que no estén funcionando.

Esta vulneración es aún más grave, cuando las leyes que han creado un lugar para el censor en nuestro Estado, están tan deficientemente apalabradas.

El derecho de Cordera a tener opiniones que consideremos horribles es el derecho de todos a tener opiniones que otros vayan a considerar horribles. Defender a corruptos no es lo mismo que robar al Estado. Defender a caudillos no es lo mismo que ensamblar una milicia personal con gente que el Estado le ha dado a uno el derecho de hambrear. Decir que algunas mujeres necesitan ser violadas no es lo mismo que violar mujeres.

He escuchado a algunos opinólogos plantear que las declaraciones de Cordera ponen en peligro a las mujeres. A ellos preguntaría: ¿Cómo?

La opinión de Cordera es legislativamente irrelevante (Cordera no está en una posición desde la que pueda reformar la legislación argentina, y, si fuese así, sus propuestas estarían a dos cámaras legislativas de efectuarse); y la cultura se encargó de atajarla pronto. No necesitamos al Estado para reafirmarnos que violar está mal, y que no es sino vil, un hombre de mediana edad que gimotea sobre no poder fornicar con las niñas de 16 años que lo admiran.

Hace algunos días, preparándome para la escritura del presente, encontré la apelación de la Corte Suprema de los Estados Unidos, de la sentencia de Clarence Brandenburg, quien, en 1969, fue condenado a prisión, no por apología, sino por incitación al delito, tras emitir una serie de pronunciamientos racistas, en una reunión de miembros de una organización cuya división local él dirigía. La organización en cuestión era el Ku Klux Klan.

El fallo lee:

 

“…La libertad de expresión y la libertad de prensa no permiten que un Estado proscriba la reivindicación del uso de la fuerza o la violación de las leyes, salvo en los casos en que dicha reivindicación tenga por objeto incitar o producir actos ilícitos inminentes, y si fuera probable que inciten o produzcan tales acciones (…) como [395 U.S. 444, 448] lo señalamos en Noto v. United States, 367 U.S. 290, 297–298 (1961), ‘el mero acto de enseñar… la pertinencia moral o incluso la necesidad moral de recurrir a la fuerza y a la violencia no puede equipararse a preparar a un grupo para actuar violentamente e instigarlo para ese fin’…” [5]

En el fallo citado, se plantea como acto expresivo punible al sustento discursivo de actos criminales que se estarían gestando. El autor del acto expresivo punible no sería independiente de quien/es cometerían el delito, y no se condenaría tanto lo que hubiese dicho como la función que esos dichos tendrían, en cierto contexto.

La figura de apología del delito no está allí para protegernos de instigadores.

La figura de instigación “…a cometer un delito determinado contra una persona o institución…” está planteada en el Artículo 209 de nuestro Código Penal. La suceden las figuras de asociación ilícita (Artículos 210 y 210 bis), e intimidación pública (211) y  luego, el Artículo 212, que estipula una pena de tres a seis años de prisión, a quien incitase a la violencia colectiva contra un grupo de personas o institución.

El artículo 213 bis, plantea reclusión o prisión de tres a ocho años para quienes participen en agrupaciones “… permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación…”

La figura de apología del delito puede encontrarse emparedada por crímenes graves que ponen en peligro nuestra democracia y nuestra seguridad. El crimen estipulado en el Artículo 213 no lo hace, ofende, en el peor de los casos, y la mera ofensa no debería ser una preocupación legal.

No es mi deseo abogar por Cordera, sino contra la legislación bajo la que se lo condena. Si las declaraciones de Cordera constituyen incitación a la violencia colectiva, depende de qué se califique como incitación. Estoy del lado de la Corte Suprema norteamericana, en mi convicción de que no debe rotularse como incitación más que a las manifestaciones retóricas de amenazas concretas. Bajo este criterio restricto, se atacan amenazas concretas, salvaguardándose la libertad de expresión.

Bien podría decirse que las declaraciones de Cordera son la manifestación retórica de la sociedad patriarcal, que mantiene a las mujeres justificadamente temerosas bajo la posibilidad sustancial de ser violadas, en cualquier momento, por cualquier hombre en su vida, y luego humilladas y descreídas.

Si debiese editar la oración precedente, para que cumpliese algún estándar de rigor intelectual, sería casi ilegible. Es una seguidilla de afirmaciones implícitas y explícitas que es irresponsable emitir, como a menudo se hace, sin data fehaciente. Independientemente de qué tan acertadas estas creencias sean, sería ridículo e indebido condenar a Cordera por “incitar” lo que, se arguye, es una tendencia social.

Incluso si viviésemos en un patriarcado en el que el delito de violación fuese epidémico, Cordera no estaría proveyendo más que un argumento remanido para justificar lo que, en su cultura, es costumbre.

En “Repensando la libertad de expresión desde el abordaje al Art. 213 del Código Penal argentino”, Noelia Matalone arguye por la revocación del Artículo 213, al ser este inconstitucional. En un análisis introductorio, plantea:

 

“ …la apología debe ser respecto de un delito o de un condenado por delito. Esto importa que la conducta prohibida, es decir el núcleo duro del tipo penal, no se conforma con la realización en abstracto. Me refiero a abstracción en el sentido de que no se consuma el tipo por el simple hecho de reivindicar una conducta delictiva desafectada de un caso concreto, o bien, vinculada a un caso real pero que no se encuentre determinado como tal en una sentencia judicial…” [8] 

En sus anotaciones, explica el caso de Andrés Calamaro, otro músico que ha emitido declaraciones inoportunas, si bien mucho menos disgustantes para la persona promedio. Calamaro, durante un concierto en la ciudad de La Plata, como bien parafrasea Matalone, aludió que el momento sería oportuno para consumir un cigarrillo de marihuana.

Matalone nota que, si bien Calamaro había sido procesado por violar el artículo 12 de la Ley de Estupefacientes (Ley N° 23.737), “ …la conducta cometida por el cantante no es pasible de subsunción en el art. 213 CP, porque como ya he dicho, se requiere la reivindicación o defensa de la conducta delictiva de otra persona, y en el caso, el Sr. Calamaro no refirió a nadie más que a sí mismo, y a sus ganas de fumar un cigarrillo de marihuana…”

Es probable, de todas maneras, que a nadie vayan a importarle estos asuntos hasta que se intenta arremeter contra alguien a quien sea políticamente redituable apoyar.

No es de mi interés defender a Cordera de la opinión pública. Cordera merece ser humillado, y rechazado, y convertirse en un paria en su industria. Alegremente es que me uno a la populosa cacofonía condenatoria de Cordera. No estoy humana ni artísticamente interesado en él, lo estoy sólo en cuanto él es un ciudadano del mismo país que yo, que está sucumbiendo injustamente bajo el peso de las mismas leyes bajo las que vivo.

Considerando el delito por el que Cordera está siendo procesado, y el texto de la Ley 23.592, que justifica la intervención del INADI en la causa, podría solamente señalarse a Cordera como eventual culpable de una de las modalidades discriminatorias planteadas en el primer artículo ( “…de algún modo [menoscabar] el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional…”). Entonces, estaría “… obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados…” [6]

El damnificado aquí, según los textos de la INADI, es la sociedad civil. La solución aquí, según del INADI, es un pedido de disculpas público. [7]

El INADI no es una Organización No Gubernamental pequeña, el INADI no es una comisión de privados, el INADI es un organismo del Estado argentino. Tenemos a un organismo estatal pidiéndole a un ciudadano que retracte dichos que, de alguna manera nunca explicada, “menoscaban el pleno ejercicio (…) de derechos”. No debemos acostumbrarnos a vivir bajo un Estado que se comporte así.

El Estado, dotado del monopolio de la fuerza, y de la facultad de plantear a ciertas gentes peligrosas y privarlas de su libertad, llega a tocar la puerta de un ciudadano, y a pedir que se disculpe, arguyendo que con sus opiniones está haciendo las vidas de otras personas mas dificiles.

Pensando uno en lo que Cordera dijo, y en quién Cordera es, bien puede uno salvarse de la conclusión de que esto es absurdo y repulsivo, pero el asunto no es el caso particular, sino los mecanismos legales y los comportamientos a los que se tiende. Tenemos un Estado vigilante de las opiniones de sus ciudadanos, que plantea a algunas como peligrosas, mediante retórica progresista con la que la mayoría de la población simpatiza; y recomienda cómo uno debería sentirse al respecto. Tenemos leyes vagamente escritas que plantean restricciones a la libertad de expresión.

Sé que, para quienes encuentran a Cordera tan despreciable como yo lo hago, pero ven en él a todos los hombres gracias a los que detestan salir a la calle, y para quienes ejercitan su libertad de expresión compartiendo en Facebook imágenes de perritos con citas de Coelho, les será raro y difícil preocuparse por la libertad de expresión de hombres horribles, pero esto nos pone en peligro a todos, porque todos somos horribles para algún subsector, y si no seremos vigilantes sobre qué excusas podría tener el Estado para acotar nuestras libertades, deberíamos comenzar a rezar que aquellos que perciben en nosotros a un enemigo nunca ganen elecciones.

Fuentes

  1. COLIVER, Sandra. Article 19: UN Reinforces Right to Freedom of Expression and Information. Open Society Foundations, 28 de Julio de 2011
  2. AJMAT, Silvina. El Inadi dictaminó contra Gustavo Cordera: “No cabe ninguna duda de que es un hecho discriminatorio” La Nación, 16 de Noviembre de 2016
  3. Código Penal de la Nación Argentina
  4. En “Repensando la libertad de expresión desde el abordaje al art. 213 del Código Penal argentino”, ensayo al que retornaré más tarde, Noelia Matalone plantea el siguiente caso hipotético

 

 “…si una mujer es procesada por realizarse un aborto y su abogado defensor esgrime argumentos planteando la inconstitucionalidad del delito que se le imputa, y manifiesta que lo que la mujer cometió no es incorrecto sino que lo hizo en virtud de su autonomía personal –fundamento que podría vincularse con una reivindicación ideológica de su conducta, en el caso concreto–, cabría subsumir en el tipo la conducta del abogado, durante el proceso mismo, es decir, previamente a la condena de su defendida. Si avanzamos un poco más en el análisis, y tenemos un sistema menos intolerante, supongamos que la mujer tiene condena y la defensa recurre; en este caso el abogado mejoraría argumentos con respecto a su apoyo por el hecho de su patrocinada, pero ya con sentencia firme. También cabría la persecución del letrado por apología del delito de aborto. Es claro que, llegado este caso de laboratorio a la realidad, se estaría atentando contra el derecho de defensa en juicio.9 Otros han considerado que la defensa del condenado es sancionable una vez que haya sentencia firme con carácter de cosa juzgada. Esta ambigüedad de criterios es nociva para el principio de legalidad, en lo palmario a la rigurosidad de la descripción de la conducta indeseada (máxima taxatividad)…”

 

[Ver MATALONE, Noelia, Repensando la libertad de expresión desde el abordaje al art. 213 del Código Penal argentino, Lecciones y Ensayos, Nro. 91, 2013, ps. 105–114]

 

  1. Corte Suprema de los EE. UU. BRANDENBURG v. OHIO, 395 U.S. 444 (1969)

 

  1. Ley N°23592. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 5 de septiembre de 1988

 

  1. “El INADI pidió a Cordera públicamente que reconozca su error”, INADI, 16 de Noviembre de 2016

 

  1. MATALONE, Noelia, Op. Cit., pág. 107.

 

 

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Psico-mitos en las academias argentinas

Estudio encuentra que más del 70% de los alumnos en todos los niveles de la Carrera de Psicología del Instituto de formación docente cree en mitos de psicología popular.

Es conocido en todo el mundo el pésimo nivel de las facultades argentinas de psicología. Para empezar, gran parte de estas carreras se basan en una pseudociencia mundialmente olvidada, ineficaz, iatrogénica, incomprobable y refutada: el psicoanálisis. Una importante parte de los tratamientos en Argentina para el autismo, se basa en una teoría altamente falsa, delirante y peligrosa.  Los lentos avances de las neurociencias y la psicología científica son constantemente atascados y atacados por una horda de charlatanes con miedo a perder sus puestos (uno de sus campos de batalla favoritos es el diario Página/12, uno de los medios con más lectores en el país). El rigor científico es algo que escasea en una disciplina que tiene una importancia social extremadamente relevante, y a pesar de ser el país con más “psicólogos” (en realidad, psicoanalistas) del mundo, su calidad de salud mental es deplorable.  En fin, las cosas van mal en las academias de psicología en éste país y el panorama es desalentador. Lucas Stachuk y Martín Darío viven estas insuficiencias y desperfectos desde dentro, en el  Instituto de formación docente. en Posadas Misiones.  Ellos decidieron valientemente realizar una encuesta para ver qué tanta prevalencia tienen los mitos en el alumnado de psicología, y como la intuición sugería, los resultados son desalentadores.

Lucas Mariano Stachuk escribe:

Recientemente realizamos junto a un amigo (Martín Darío) una investigación en el Instituto de formación docente de Posadas Misiones, en la carrera de Profesorado en Psicología.
La investigación trataba acerca de las creencias en mitos de la psicología popular que tenían los alumnos de la 1ra, 2da, 3ra y 4ta instancia de la carrera. Estos mitos fueron sacados del libro ”50 mitos de la psicología popular”, fueron seleccionados ya que en la carrera (la cual estoy cursando el último año) se mencionan y se enseñan la mayoría de estos mitos como hechos comprobados.
Los mitos son: La mayoría de las personas usan el 10% de su capacidad intelectual; En algunos individuos predomina el hemisferio izquierdo del cerebro, y en otros, el derecho; la adolescencia es inevitablemente un periodo de agitación psicológica; los individuos suelen reprimir el recuerdo de sus experiencias traumáticas; los estudiantes aprenden mejor cuando se les enseña conforme a su estilo de aprendizaje; y las investigaciones demuestran que los sueños poseen significado simbólico.
Usamos como técnica de recolección de datos un cuestionario, en el cual estaban los mitos redactados como una afirmación y los participantes deberían poner si era verdadero o falso.
Por otra parte, realizamos el mismo cuestionario a alumnas del Profesorado en Nivel Inicial para ver si había alguna diferencia en comparación a los alumnos de la 4ta instancia de Psicología.
En un principio, por sentido común pensábamos que mientras más años alguien estudia una ciencia, se deberían tener menos creencia en mitos de la misma; contrariamente a nuestra hipótesis, el resultado de creencia en al menos un psico-mito en los alumnos de la 4ta instancia fue del 78,78% y de las alumnas del Prof. en Nivel Inicial fue del 70,55%. Y en total el resultado de toda la carrera de Prof. en Psicología fue de 74,05%.

Los datos obtenidos nos dicen que no hay una diferencia significativa en cuanto al aumento o disminución de la creencia en mitos de la psicología durante el cursado de la carrera, y tampoco es significativa la diferencia entre los alumnos del Profesorado en Nivel Inicial, y los alumnos del 4to año del Prof. En Psicología.

Por otra parte, la información que nos arrojan los datos es que hay un alto porcentaje de creencia en mitos de esta disciplina en la carrera, y evidentemente cursarla 4 años no hace que haya una disminución de los mismos. Básicamente la creencia en mitos se mantiene, cuando se supone, opino yo, que esto no debería ser así.
Personalmente, pienso que esto es un problema en la formación de los docentes de Psicología, tanto en el nivel terciario como en el secundario. Los contenidos que se deben transmitir deben ser hechos científicos, no solo pienso que es un error dar cátedra de creencias ridículas y pseudociencias inservibles, sino que también es una falta de respeto hacia el alumno hacerle perder tiempo enseñándole algunos de esos mitos como si fueran ciertos.

“Promover el aprendizaje de saberes científicos fundamentales para comprender y participar reflexivamente en la sociedad contemporánea” (Ley de educación 26.206, art. 11).

Aclaro que esto va más allá del ideario institucional, o “inclinación” (en este caso psicoanalítica) que tenga la misma. Apunto exactamente a la ética del educador, a la honestidad en cuanto a lo que enseña, al compromiso de investigar para transmitir lo que está contrastado, informarse, actualizarse y aunque se deba cumplir un programa con contenidos específicos, a su vez, explicar las debilidades, fallas y la invalidez de dicho contenido. “Para estar al día y enseñar, hace falta dedicación al estudio, a la docencia, a la atención a los alumnos, a las publicaciones recientes para saber si lo que se enseña está refrendado o cuestionado por la comunidad científica o intelectual conforme a los métodos contrastados” (A. Hortal, 2002).
Desde otro ángulo, sorprende la falta de pensamiento crítico en los alumnos en cuanto al contenido que se les transmite, y esto, pienso hipotéticamente, va a tener consecuencias luego en la transmisión de los mismos con sus alumnos en el nivel secundario.

Sí existen diferentes maneras de fomentar el pensamiento crítico en los alumnos, Gabriela Lopez Aymes (1) nos menciona las diferentes técnicas para ejercitar y desarrollar el mismo, pero algo que pienso como sumamente importante es el ejemplo que da el docente con respecto a esto, no encuentro ningún estudio acerca de la influencia que puede tener en sus alumnos un docente con las características, personalidad y/o rasgos de un pensador crítico, mencionando algunos: Curiosidad por un amplio rango de asuntos, preocupación por estar bien informado, confianza en el proceso de indagación razonada, flexibilidad para considerar alternativas y opiniones, justa imparcialidad en valorar razonamientos, etc (Fancione, 1990, citado por Lopez Aymes G.). Pero puedo suponer que esto es de gran incidencia en la formación de los adolescentes. También cabe mencionar la gravedad de la hipocresía en decir “chicos, hay que aplicar el pensamiento crítico en la vida… (Días después), gracias a Dios tenemos a Freud que nos pudo explicar cómo funciona el psiquismo para poder entendernos mejor”.

Particularmente, la razón por la cual continué cursando, y soportando muchas clases las cuales las veía en mayor parte como una pérdida de tiempo por su contenido (Psicología de la personalidad, Desarrollo II, Teorías I, Teología I, II, III, Ética filosófica teológica, Taller de educación para el amor, psicopatología, y uno que otro contenido de otras materias) fue porque sé que dentro de poco, voy a tener la oportunidad de influenciar en el pensamiento de los adolescentes, voy a poder guiar, aportar y de esta manera lograr algún cambio, y como consecuencia puede que sea un logro para la sociedad.

En fin cada uno intenta aportar para una sociedad mejor, lejos de las pseudociencias, las creencias religiosas, terapias alternativas, supersticiones, y todo tipo de irracionalidades, y yo, me propuse a aportar desde adentro de cuatro paredes, en el aula.

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Bibliografía:

Lopez Aymes G. “El pensamiento crítico en el aula”, 12/01/13, recuperado 31/08/17

Hortal A.  Ética general de las profesiones, 2002

Lilienfeld S. “50 grandes mitos de la psicología popular”, 2010

Ley de educación 26.206, art. 11, Fines y Objetivos de la Política Educativa Nacional, recuperado 31/08/17